Todavía sobrevuelan las consecuencias del apagón que tuvo lugar el pasado mes de abril para muchas personas y empresas, que vieron frenada su actividad durante unas horas. Meses después, y ante la incertidumbre de qué hacer si sucede de nuevo, hay una novedad legislativa.
El ejecutivo ha lanzado a consulta pública el Real Decreto de Seguridad y Resiliencia de las Redes y Servicios de Comunicaciones Electrónicas e Infraestructuras Digitales. Se trata de un plan cuyo objetivo es garantizar unas condiciones mínimas de conectividad en una situación de emergencia. En este artículo te contamos todo lo que debes saber y qué coste supondrá para las empresas de telecomunicaciones.
¿En qué consiste el plan?
Esta medida, que todavía es un borrador, obliga a los operadores de telecomunicaciones a garantizar, como mínimo, 4 horas de cobertura móvil para el 85% de la población en caso de que se produzca una situación de emergencia parecida a un apagón. Para conseguir este objetivo, sería necesario reforzar cerca de 7.280 ubicaciones.
Asimismo, plantea que, en el caso de las instalaciones críticas, la autonomía podría extenderse hasta las 24 horas. En el caso de las instalaciones clasificadas con nivel intermedio, esta sería de 12 horas. En paralelo, se plantea la importancia de reforzar la operatividad en los centros de emergencia, como el 112, así como en los sistemas de alertas públicas.
¿Qué supondrá para las empresas y operadores de telecomunicaciones?
El plan que plantea el Ejecutivo, y que permanecerá en consulta pública hasta el 8 de enero, traerá consecuencias para las empresas y operadores. Según una primera estimación, el coste de ejecutarlo sería de, al menos, 73 millones de euros, si bien hay numerosas empresas que creen que será muy superior.
Este coste se desprende de todas las medidas necesarias para completar el refuerzo: incorporar baterías eléctricas o generadores, trasladar equipos muy pesados y trabajar en ubicaciones de más peligrosidad en ciudades, donde las torres de comunicaciones suelen situarse en lugares más elevados. A esto se suma el coste que acarrearía la propia notificación de incidencias en el plazo máximo de una hora desde que se detecta, algo que también contempla este borrador.
En cuanto a quién debería acarrear con estos costes, principalmente recaerían en los operadores de telecomunicaciones. No obstante, también se verían afectadas las empresas propietarias de las torres e, indirectamente, las distintas empresas que trabajen a lo largo de la cadena de producción del sector.
Estas, además, tendrán obligación de presentar un Plan General de Seguridad que analice todos los riesgos y medidas de carácter prioritario en estas situaciones en función del tipo de red y servicio, así como del tipo de incidente.
En cualquier caso, habrá que esperar para ver cómo queda finalmente la redacción de este texto y cómo afecta a las empresas del sector de las telecomunicaciones.
