En el año 2022 se aprobaba la Ley de Servicios Digitales, una directiva europea mediante la que se establecieron una serie de normas para regular los servicios digitales y crear un entorno digital más justo y seguro para los usuarios. El plazo para que los países aplicasen esta nueva directiva venció a principios de 2024; además, los Estados miembros de la Unión Europea tenían que designar a alguna autoridad encargada de velar por el cumplimiento de la norma.
Sin embargo, la Comisión Europea ha anunciado una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a un total de cinco países: Polonia, Portugal, República Checa, Chipre y España. La razón principal que esgrimen es que ninguno de estos países ha implementado en su totalidad la Ley de Servicios Digitales.
Ante esta situación, muchas son las dudas que sobrevuelan entre los usuarios y empresas del sector. ¿Qué sanciones se impondrán por este incumplimiento? ¿Cómo afectarán a los usuarios y compañías? ¿Qué cambios se introducirán a partir de ahora?
Razones por las que Bruselas denuncia a España
Tal y como han dado a conocer diversos medios de comunicación, España es uno de los cinco países de la Unión Europea que no ha implementado la Ley de Servicios Digitales en su totalidad.
Sí ha nombrado a un coordinador como figura responsable de velar por su cumplimiento, aunque, según la Comisión Europea, todavía no se le han otorgado las competencias imprescindibles.
Ya durante 2024, la Comisión abrió un expediente a cada uno de estos países una vez finalizó el plazo inicial, en el mes de febrero de 2024. No obstante, la Comisión ha considerado que las irregularidades que se detectaron en ese momento, y de las que ya había avisado, no se han subsanado.
¿A qué sanciones se podría enfrentar España?
Además, los países también debían determinar cuáles iban a ser las reglas sobre las sanciones aplicables en caso de que se cometiera una infracción. Y, en este sentido, ninguno de los cinco países requeridos ha tomado una decisión sobre dichas sanciones. Sin embargo, esto no significa que no se aplique ningún tipo de sanción.
En este caso, los propios tribunales son los que tendrían la potestad, a petición de la Comisión Europea, de imponer las sanciones que consideren más oportunas a estos países en caso de que no cumplan con las sentencias que se dicten.
¿En qué consiste la Ley de Servicios Digitales?
El objetivo principal de la Ley de Servicios Digitales es reforzar la protección de los derechos de los consumidores digitales, así como limitar y exigir las responsabilidades pertinentes por parte de los grandes grupos empresariales tecnológicos.
Entre otras cuestiones, esta normativa europea especifica que deben existir una serie de normas que impidan la libre difusión de contenido ilícito. También vela por que los usuarios conozcan y ejerzan todos los derechos fundamentales que tienen en el entorno digital.
Y, con respecto a las responsabilidades de terceros, establece mecanismos para aumentar la transparencia en la gestión de la información. De hecho, esta ley es la que se debería aplicar a las compañías como Apple o Meta en todos los países europeos.
Cabe señalar que la Ley de Servicios Digitales no ha sido la única cuestión por la que la Comisión Europea ha dado un tirón de orejas a España. De hecho, ha enviado un dictamen motivado a nuestro país (y a otros 18) para reforzar la ciberseguridad nacional mediante la trasposición de la Directiva NIS2.
Y, en lo que respecta a la Directiva sobre el Sistema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea, la Comisión ha hecho llegar otro dictamen motivado a 12 países, incluyendo a España.
